Ciudadanía por Nacimiento en EE.UU.: Controversia

La ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, un pilar fundamental de su sistema legal durante décadas, se encuentra actualmente en el ojo del huracán debido a recientes desarrollos judiciales y ejecutivos. Un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, emitido el 27 de junio de 2025, ha sacudido el panorama legal, no al determinar la constitucionalidad de la ciudadanía por nacimiento, sino al restringir la capacidad de los jueces federales para emitir interdicciones universales. Esta decisión, aunque celebrada por algunos sectores, ha abierto la puerta para que una controvertida orden ejecutiva del presidente Donald Trump que limita la ciudadanía por nacimiento comience a implementarse en diversos estados, generando una ola de preocupación e incertidumbre en las comunidades migrantes a lo largo del país.

La esencia de esta disputa radica en la interpretación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos. Mientras que tradicionalmente esto se ha interpretado de manera amplia para incluir a casi cualquier persona nacida en suelo estadounidense, la administración actual propone una lectura más restrictiva, excluyendo a los hijos de personas en situación irregular o con visas temporales. Este artículo explora en profundidad los detalles de este fallo, las políticas migratorias que lo acompañan y las implicaciones para miles de familias.

El Corazón de la Controversia: La Ciudadanía por Nacimiento

La ciudadanía por nacimiento ha sido un principio arraigado en la ley estadounidense desde la adopción de la Decimocuarta Enmienda en 1868. Esta enmienda fue concebida principalmente para garantizar la ciudadanía a los esclavos liberados después de la Guerra Civil. Su texto es claro en su primera frase: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a la jurisdicción de los mismos, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en que residen.” La interpretación tradicional de esta frase ha sido que cualquier persona nacida en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres, es automáticamente ciudadano.

¿Qué es la Decimocuarta Enmienda y su Interpretación en Debate?

La disputa actual se centra en la frase “sujetas a la jurisdicción de los mismos”. El gobierno de Trump argumenta que esta cláusula no se aplicó universalmente a toda persona nacida en suelo estadounidense, y que su alcance excluye específicamente a los hijos de personas en situación irregular y de extranjeros con visas temporales de trabajo, estudio o turismo. Según esta interpretación, estos individuos no están “completamente” sujetos a la jurisdicción de EE. UU. de la misma manera que los ciudadanos o residentes permanentes. Este argumento busca redefinir un derecho que ha sido fundamental y casi incuestionable por más de un siglo, lo que ha provocado una intensa batalla legal y política. Los detractores, incluidas organizaciones de derechos civiles y expertos legales, insisten en que el derecho está garantizado para cualquier persona nacida en Estados Unidos, con contadas excepciones históricas como los hijos de diplomáticos extranjeros o fuerzas de ocupación, que no son pertinentes en este debate.

El Fallo de la Corte Suprema y sus Implicaciones

El fallo de la Corte Suprema del 27 de junio de 2025 no abordó directamente la constitucionalidad de la ciudadanía por nacimiento, sino que se centró en la práctica de los jueces federales de dictar interdicciones universales. Estas interdicciones son órdenes judiciales que bloquean la aplicación de una política gubernamental a nivel nacional, más allá de las partes directamente involucradas en el litigio. La Corte Suprema ha dictaminado que los jueces federales tienen una capacidad restringida para otorgar tales órdenes, limitando el alcance de estas medidas solo a los estados partícipes de los recursos legales específicos.

Esto significa que, si bien órdenes judiciales previas en estados como Massachusetts, Maryland y Washington habían frenado la aplicación nacional de la orden ejecutiva de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento, el nuevo fallo del Supremo anula el alcance universal de esas protecciones. Ahora, la orden ejecutiva podría entrar en vigor en aquellos estados que no tienen una orden judicial específica que la bloquee, en un plazo estimado de 30 días a partir del fallo, salvo que prospere alguna nueva acción judicial.

Estados Protegidos: ¿Dónde se Mantiene la Ciudadanía por Nacimiento?

Gracias a las órdenes judiciales emitidas antes del fallo de la Corte Suprema, la orden ejecutiva que limita la ciudadanía por nacimiento todavía no se implementa en los siguientes 22 estados y el Distrito de Columbia. Esto significa que en estos territorios, la interpretación tradicional de la Decimocuarta Enmienda sigue vigente, y la ciudadanía por nacimiento se concede a los niños nacidos en su suelo, independientemente del estatus migratorio de sus padres:

La Incertidumbre en Otros Territorios

En contraste, en los estados no amparados por estas sentencias judiciales específicas, la orden ejecutiva de Trump podría activarse en un plazo de 30 días a partir del fallo de la Corte Suprema. Esta situación ha generado una profunda incertidumbre y ansiedad en las comunidades migrantes, ya que el estatus de sus hijos nacidos en EE. UU. podría cambiar drásticamente. Organizaciones de defensa de derechos de inmigrantes han advertido sobre una inminente “ola de demandas” judiciales, tanto individuales como colectivas, para buscar ampliar la protección y evitar la aplicación de las restricciones. La batalla legal por la ciudadanía por nacimiento está lejos de terminar.

La Amplia Agenda Migratoria del Gobierno de Trump

Más allá de la ciudadanía por nacimiento, el gobierno de Trump ha implementado una serie de políticas migratorias amplias y estrictas, buscando redefinir el sistema de inmigración de Estados Unidos. Estas políticas abarcan desde la seguridad fronteriza hasta la aplicación de la ley en el interior del país, pasando por los programas de refugiados y las vías de admisión.

Proclamación de "Invasión" y Contención Fronteriza

Una de las políticas más controvertidas es la Proclamación 10888, titulada “Garantizando la Protección de los Estados Contra la Invasión”. Esta proclamación interpreta el flujo de inmigrantes en la frontera sur como una “invasión”, invocando el Artículo IV, Sección 4 de la Constitución para justificar acciones ejecutivas. La proclamación suspende la entrada física de extranjeros en la frontera sur involucrados en esta “invasión” y niega a los extranjeros ya dentro de EE. UU. la invocación de leyes como las de asilo. Además, amplía el uso de la “expulsión expedita”, permitiendo la deportación de inmigrantes indocumentados sin un proceso judicial formal, tanto para quienes llegan a la frontera sin autorización como para quienes ya están dentro del país. Sin embargo, un juez de distrito de EE. UU., Randolph D. Moss, dictaminó esta proclamación como ilegal el 2 de julio de 2025, suspendiendo su fallo por 14 días para permitir una apelación.

Cambios en el Proceso de Admisión: MPP, CBP One y Parole

La Orden Ejecutiva 14165, “Asegurando Nuestras Fronteras”, introdujo tres cambios significativos en el proceso de solicitud de admisión a los Estados Unidos:

• Restablecimiento de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP): Conocido como “Permanecer en México”, esta política exige que todos los solicitantes de asilo o refugiados que llegan a la frontera sur permanezcan en México mientras esperan sus procedimientos de admisión o deportación, si ya entraron ilegalmente.
• Terminación de la aplicación CBP One: Esta aplicación móvil de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que permitía a los migrantes programar citas para inspección y solicitudes de asilo, fue descontinuada inmediatamente después de la toma de posesión de Trump, cancelando todas las citas programadas.
• Fin de los programas de parole categóricos: Estos programas permitían a migrantes de ciertos países permanecer en EE. UU. temporalmente por diversas razones. La EO 14165 los terminó, y la EO 14159, “Protegiendo al Pueblo Americano Contra la Invasión”, exige que todas las solicitudes de parole se procesen caso por caso, admitiendo solo a aquellos con una necesidad humanitaria urgente o que puedan contribuir significativamente a EE. UU.

Refuerzo de la Seguridad Fronteriza y la Construcción del Muro

La Proclamación 10886 declara una emergencia nacional en la frontera sur, otorgando al presidente poderes para asignar más presupuesto militar a la seguridad fronteriza. Esto incluye el despliegue de más tropas y equipo militar, la creación de instalaciones de detención adicionales y la fortificación de barreras físicas, como el muro fronterizo. La proclamación también revoca una proclamación anterior de Biden que detuvo la financiación para la construcción del muro y otorga mayor autoridad y discreción a los Departamentos de Defensa y Seguridad Nacional para llevar a cabo estas medidas. Además, insta a la Administración Federal de Aviación y a la Comisión Federal de Comunicaciones a eximir regulaciones que puedan obstaculizar la detección y mitigación de drones o aeronaves no tripuladas.

Suspensión del Programa de Admisión de Refugiados

La Orden Ejecutiva 14163, “Reajustando el Programa de Admisión de Refugiados de los Estados Unidos”, suspende la entrada de nuevos refugiados bajo el programa actual por un período de 90 días, alegando que sería “perjudicial” para EE. UU. Durante este período, solo se harán excepciones para admitir refugiados caso por caso que no representen una amenaza y cuya admisión sea de interés para EE. UU. Esta medida busca proteger los recursos del país para sus ciudadanos y asegurar la asimilación de los refugiados admitidos.

Aplicación de la Ley Migratoria en el Interior: Detención y Deportación

La Orden Ejecutiva 14165 también endurece la aplicación de la ley migratoria en el interior del país. Establece que todos los inmigrantes indocumentados están sujetos a cargos criminales y deportación. Se pone fin a las políticas de “catch-and-release” (detener y liberar), reemplazándolas por “catch-and-detain” (detener y retener), lo que significa que los inmigrantes sospechosos de ser indocumentados o de violar leyes migratorias deben ser detenidos mientras esperan sus procedimientos de deportación. La orden también persigue cargos criminales contra quienes ayuden a la permanencia de un inmigrante indocumentado.

La EO 14159, “Protegiendo al Pueblo Americano Contra la Invasión”, autoriza a funcionarios estatales y locales a actuar como oficiales de inmigración, permitiéndoles aprehender inmigrantes sujetos a deportación. También permite al gobierno federal retener fondos federales y emprender acciones legales contra jurisdicciones que interfieran o no cumplan con estas órdenes. Además, expande el uso de la expulsión expedita a cualquier inmigrante que haya estado en el país por menos de dos años y no pueda probar su entrada legal, un cambio significativo respecto a la norma anterior de 100 millas de la frontera y 14 días de entrada. Finalmente, ordena a las agencias federales dejar de proporcionar beneficios públicos a inmigrantes indocumentados.

Designación de Carteles como Organizaciones Terroristas

La Orden Ejecutiva 14157 designa a ciertos carteles y organizaciones, como el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13) y los carteles mexicanos, como organizaciones terroristas extranjeras. Esto invoca la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y, potencialmente, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una ley de tiempos de guerra que permite la deportación de aquellos considerados “enemigos” sin pasar por el sistema judicial de inmigración, acelerando el proceso de deportación.

La Ley Laken Riley: Detención de Inmigrantes Acusados

Firmada el 29 de enero de 2025, la Ley Laken Riley es la primera legislación del segundo mandato de Trump. Esta ley exige que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detenga a los inmigrantes indocumentados acusados de ciertos tipos de crímenes, como robo, hurto, agresión a un oficial de la ley u otras ofensas violentas. La ley también permite a los estados demandar al gobierno federal y al Secretario de Seguridad Nacional si sus decisiones de inmigración o su supuesta falta de cumplimiento de las leyes de inmigración causan daño físico o financiero al estado o a sus residentes.

La "Tarjeta Dorada" de Trump: Una Ruta a la Residencia por Inversión

El presidente Trump también ha propuesto la creación de una “Tarjeta Dorada” (Trump Gold Card), un permiso de residencia permanente que ofrecería un camino a la ciudadanía para aquellos que puedan pagar $5 millones por la tarjeta. Esta iniciativa reemplazaría el programa de visas de inversionista EB-5, la ruta actual para que los inversionistas obtengan la residencia. Una diferencia clave propuesta es que los titulares de la Tarjeta Dorada no serían responsables del impuesto federal sobre la renta de EE. UU. sobre los ingresos obtenidos fuera del país. Aunque los detalles formales y los requisitos de la Tarjeta Dorada aún no están claros, representa una vía de inmigración basada en la inversión significativamente más costosa.

El Uso de Datos para la Aplicación de la Ley Migratoria

Para fortalecer la aplicación de la ley migratoria, se han realizado esfuerzos para combinar datos personales de múltiples agencias federales, incluyendo registros de la SSA, IRS, OPM, HHS y otros. Se ha informado que esta información se utiliza para detectar vencimientos de visas, identificar individuos indocumentados y cotejar el uso de beneficios con el estatus migratorio. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) también ha accedido a bases de datos de reclamos de seguros de salud y automóviles como parte de los esfuerzos de deportación. Grupos civiles y varios fiscales generales estatales argumentan que estas prácticas violan la Ley de Privacidad de 1974 al no publicar los avisos legalmente requeridos.

Oposición y Desafíos Legales a las Políticas

La política migratoria de la administración de Trump ha enfrentado una fuerte oposición por parte de diversas organizaciones civiles y expertos legales. La incertidumbre generada por la posible entrada en vigor parcial de la orden ejecutiva sobre la ciudadanía por nacimiento ha intensificado la inquietud en comunidades migrantes. Organizaciones como la American Immigration Lawyers Association (AILA) han advertido sobre una “ola de demandas” judiciales en los tribunales federales, tanto individuales como colectivas, que buscan ampliar la protección y evitar la aplicación de las restricciones.

Tras el fallo de la Corte Suprema, se registraron al menos dos intentos de demandas colectivas: una en el caso Casa Inc. v. Trump, ya existente, y otra nueva encabezada por la American Civil Liberties Union (ACLU) en New Hampshire. Estas acciones buscan conseguir protección para todas las familias afectadas a nivel nacional. Los opositores, como la ACLU y el Brennan Center for Justice de la NYU Law School, insisten en que el derecho a la ciudadanía por nacimiento está garantizado para cualquier persona nacida en Estados Unidos, con excepciones muy limitadas. El debate sobre la constitucionalidad de estas medidas y su impacto en los derechos fundamentales de las personas sigue siendo un campo de batalla legal y social.

Recomendaciones Importantes ante la Incertidumbre

Ante la compleja y cambiante situación legal, Efrén C. Olivares, vicepresidente del National Immigration Law Center, ha emitido una recomendación crucial para los padres: buscar los registros hospitalarios y certificados de nacimiento de sus hijos lo antes posible. Esta medida preventiva puede ser vital para documentar el nacimiento en suelo estadounidense y el derecho a la ciudadanía, especialmente si la orden ejecutiva entra en vigor en más estados. Se estima que esta medida podría incidir en más de 150.000 nacimientos anuales de hijos de inmigrantes en situación regular e irregular, lo que subraya la urgencia y la magnitud del impacto potencial.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Qué significa el fallo de la Corte Suprema sobre las interdicciones universales?

El fallo restringe la capacidad de los jueces federales para dictar órdenes que bloqueen una política a nivel nacional. Ahora, estas órdenes solo aplicarán a los estados o partes directamente involucradas en el litigio, permitiendo que la política entre en vigor en otros lugares si no hay una orden judicial específica que la detenga.

¿La Corte Suprema dictaminó sobre la legalidad de la ciudadanía por nacimiento?

No, el fallo de la Corte Suprema no se pronunció sobre la constitucionalidad o legalidad de la orden ejecutiva de Trump que limita la ciudadanía por nacimiento. Se limitó a la cuestión procesal de las interdicciones universales.

¿En qué estados se mantiene la ciudadanía por nacimiento sin restricciones por la nueva orden ejecutiva?

Actualmente, 22 estados y el Distrito de Columbia mantienen órdenes judiciales que bloquean temporalmente la implementación de la nueva política. Estos incluyen California, Nueva York, Texas, Florida, entre otros listados en el artículo.

¿Qué puede suceder en los estados no amparados por órdenes judiciales?

En los estados sin órdenes judiciales que bloqueen la política, la orden ejecutiva de Trump que restringe la ciudadanía por nacimiento podría activarse en un plazo de 30 días a partir del fallo de la Corte Suprema, a menos que nuevas acciones judiciales lo impidan.

¿Qué es la política de "catch-and-detain" y cómo difiere de "catch-and-release"?

"Catch-and-detain" es una política que exige la detención de inmigrantes sospechosos de ser indocumentados o de violar leyes migratorias mientras esperan sus procedimientos de deportación. Sustituye a "catch-and-release", bajo la cual los inmigrantes que no representaban una amenaza para la seguridad pública eran liberados mientras esperaban sus audiencias.

¿La Ley Laken Riley afecta a todos los inmigrantes indocumentados?

La Ley Laken Riley exige la detención de inmigrantes indocumentados que sean acusados de ciertos tipos de crímenes específicos, como robo, hurto, agresión a un oficial de la ley u otras ofensas violentas. También permite a los estados demandar al gobierno federal por daños relacionados con decisiones migratorias.

¿Cómo puede afectar la orden ejecutiva a los hijos de inmigrantes?

La orden ejecutiva podría restringir la obtención automática de la ciudadanía estadounidense a hijos de ciudadanos y residentes permanentes legales, excluyendo a hijos de personas en situación irregular y de extranjeros bajo visas temporales. Se estima que podría afectar a más de 150.000 nacimientos anuales.

¿Qué se recomienda hacer a los padres de hijos nacidos en EE. UU. en este momento?

Se recomienda a los padres buscar y asegurar los registros hospitalarios y certificados de nacimiento de sus hijos lo antes posible. Esto es crucial para documentar el nacimiento en suelo estadounidense y su derecho a la ciudadanía.

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